A puertas de un nuevo proceso electoral y a pocos meses que
se cierre la legislatura, uno de los temas que Podemos ha querido poner sobre
la mesa es la “relación incestuosa” entre los dueños de los medios de
comunicación, los partidos políticos y el poder empresarial. Una relación que
va más allá de la concentración del poder político, sino que pasa por la
concentración del poder mediático y obviamente de la información que se difunde
a través de esos canales.
En el contexto histórico, América Latina, durante las últimas
décadas, ha sido la región que cuenta con nuevas normativas que sancionan y
prohíben la concentración mediática mediante el diseño y construcción de
políticas de comunicación. Normas que resultan novedosas en escenarios
políticos de cambio y progresismo, donde va por delante el precepto de
democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico español.
La realidad actual latinoamericana que está sirviendo de
ejemplo para el resto de países del mundo muestra que estas normativas,
similares en contenido y forma, rompieron la histórica herencia de la fuerte
concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación. Las
nuevas reglas de juego en el campo mediático re-estructuró los sistemas de
medios, cuyo origen radicaba en el fin comercial, de mercado y como un actor
eminentemente político.
Las normativas apelan a confrontar al “cuarto poder”, a los
dueños de los medios privados, al monopolio empresarial de la comunicación,
pero además, demandan la recuperación de la “libertad de expresión”, como la
única vía que garantiza los derechos de aquellos que no han tenido acceso a los
medios de comunicación.
Los argumentos normativos se fortalece con un discurso
totalmente confrontativo para con los medios de comunicación, sus propietarios
y los periodistas. De hecho, desde el inicio de la gestión de estos gobiernos
se declaró “guerra abierta” a este sector porque se consideraba que la
información es manipulada, defiende intereses de los grupos de poder económico.
Del otro lado, los propietarios de medios de comunicación privados y sus
periodistas insisten que los planteamientos del gobierno representan un
atentado a la Libertad de Expresión consagrada en la Carta de los Derechos
Universales.
El escenario político en el que se encuentra el periodismo
mundial es crítico, la crisis que atraviesa la profesión es cada vez más
latente. No solo por los aspectos de la profesionalización, sino también por la
falta de independencia en la que el ejercicio del periodismo. Las
responsabilidades y compromisos asumidos por los profesionales están marcados,
en el caso de los medios privados, por un modelo empresarial y económico. Y del
otro lado, aquellos periodistas que responden a las instituciones
gubernamentales, confundiendo el verdadero rol de los medios públicos.
Cabe recordar el papel que jugó la UNESCO, hace poco más de
tres décadas, tras provocar como una necesidad, el incluir dentro de las
agendas de los gobiernos a la comunicación como uno de los elementos más
importantes en el desarrollo de las sociedades. La incorporación del concepto del “tercer sector de la
comunicación”, al que apela la propuesta de Podemos, que solo queda en
iniciativa tras la disolución de las cortes, resulta ser, tal como lo señalan: el
“agente social” cuyo rol de cobertura y ampliación de la diversidad cultural en
el ámbito comunicacional. El objetivo es ir más allá de mirar a los
consumidores de mass media como
audiencias, y a la vez fortalecer iniciativas de reflexión crítica de los
contenidos.
Frente a ese tercer sector, visibilizado en los medios
alternativos y comunitarios, excluido y marginado en el territorio español demanda
de las autoridades acrecentar las posibilidades de empoderamiento de los
ciudadanos del sector comunicacional comunitario como un importante componente
para la democracia. El rol de estos nuevos sin duda se ejerce en el sentido de
convertirse en orientadores y gestores de una opinión pública crítica y a la
vez reflexiva.
Entre muchos de los objetivos planteados para el efecto están
la defensa de la “libertad de expresión”, la “democratización de los medios de
comunicación” y los contenidos que se difunden a través de los medios. Para
lograrlo el programa de fomento del tercer sector de la comunicación se
apuntala como uno de los ejes centrales de la próxima legislatura.
Un punto clave en la propuesta es la necesidad de
transparentar la adjudicación de frecuencias de radio y televisión dejando de
lado intereses partidistas, fundamentales en el ejercicio democrático y que
eliminan sesgos mediáticos. Por ejemplo, en Ecuador se inició un proceso de
restitución de las frecuencias que junto a la Ley antimonopolio mediático cercó
la posibilidad, históricamente recurrente, que los banqueros dueños de grandes
empresas sean propietarios de más de un medio de comunicación y además sean los
principales aportantes de los partidos políticos tradicionales, lo que
establecía un vínculo muy cercano entre el poder político y el poder mediático.
Uno de los problemas respecto del “tercer sector” en el
ejemplo latinoamericano viene de la mano del poder de decisión de las
autoridades, que en lugar de dar mucho mayor peso al sector comunitario y
alternativo se han focalizado las garantías al sector público. Si bien la norma
garantiza el acceso de los medios comunitarios al espectro radioeléctrico
mediante la repartición equitativa de las frecuencias (33% para los medios
privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios) queda pendiente
mostrar con más claridad la conformación y estructura de estos medios, pero
sobre todo dar respuestas claras respecto de sus fuentes de financiamiento.
Resulta importante que al igual que la “ola progresista
latinoamericana”, en España también resuene un discurso de confrontación a los
medios de comunicación privados y sus intereses particulares. El ejercicio y a
la vez la estrategia es no perder de vista que quien tiene el control de los
medios tiene el control de la opinión pública y en fútbol como en política todo
juega.
