Regulación y concentración mediática en América Latina

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Regulación y concentración mediática. El dilema latinoamericano

El retorno a la democracia, al cerrar la década de los 70, dejó como resultado una serie de acontecimientos que marcaron los sistemas políticos latinoamericanos, cada uno con sus características y particularidades. Si bien es cierto la forma de hacer política ha cambiado a la fecha, también es muy cierto que algunos vicios de la época neoliberal se mantienen.

Desde Venezuela, pasando por Ecuador, Bolivia, Argentina y hasta Uruguay, son los gobiernos donde una “ola” autodenominada: “progresista de izquierda radical”, “del socialismo del siglo XXI” se ancló en la última década del nuevo siglo. Las propuestas “variopintas” van desde un “cambio radical”, la “redistribución equitativa de la riqueza” y hasta en los casos más extremos la “erradicación de la pobreza”. Sin embargo, los fieles creyentes de estos proyectos van dándose cuenta que de la propuesta a la realidad hay un largo trecho y que en la política como en un partido de fútbol, todo juega.

Más allá del orden de lo político, entendido como esa capacidad que tienen los gobiernos para elegir “qué hacer o qué no hacer”, estos gobiernos tuvieron la perspicacia de no dejar escapar la oportunidad de tomarse los grandes medios de comunicación, sin duda un elemento clave en el ejercicio de la política y hasta de la politiquería.

¿Liderazgos y analogías?

Los autodenominados líderes latinoamericanos que pregonan el socialismo por toda la región jamás perdieron el sentido de lo importante que resultaba el poder mediático para el mantenimiento del poder político. Estos gobiernos fueron conscientes del poder de los grandes medios de comunicación, por lo que una de las primeras acciones fue autodefinirlos como su principal enemigo u opositor, y en la misma línea, desmantelaron, vía normativas, los grandes monopolios mediáticos, argumentando que existía alta concentración mediática en manos de pocos grupos económicos y empresariales.

Estas acciones no están mal concebidas, para nada. Lo lamentable es que si bien quitaron privilegios a ciertos grupos de poder económico, la lógica se trasladó a un tipo de concentración mediática del Estado, cuyos contenidos no miran más allá de lo que el aparato estatal les permite.

Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza, fue el país donde se propició la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Aprobada en el 2004, entró en vigencia un año después y entre sus principales aspectos están: la regulación en torno a la propiedad de los medios de comunicación, el control de los contenidos y la obligatoriedad de la difusión de los mensajes emitidos desde el Ejecutivo. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley RESORTE, inició un proceso de persecución a medios privados y a sus periodistas.

En Argentina, el debate y la presión desde la oposición llevaron al oficialismo a mantener por cerca de cuatro años el proyecto de ley en la congeladora. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), fue aprobada en el 2009 por el Congreso Argentino, tras ser enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el Grupo Clarín impugnó su aplicación al solicitar al Tribunal Constitucional medidas cautelares a los artículos: 41, 45, 48 y 161. Que básicamente limitaban la acumulación de licencias de televisión des espectro y que obligaban a la desinversión.

Después de cuatro años de una fuerte pugna legal, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad de la normativa. El proceso de desinversión entró en marcha de manera inmediata y los grupos económicos que excedían el número de licencias tuvieron que acatar tal decisión.

Históricamente, el Ecuador no ha tenido trascendencia en este tipo de procesos de construcción de políticas públicas de comunicación, apenas a mediados de los 70 y durante la última dictadura, se aprobó la Ley de Radiodifusión y Televisión, la misma que favorecía a un sector periodístico empresarial y monopólico. Otorgando privilegios a los grandes grupos de poder (banqueros, sectores empresariales y partidos políticos), que en la práctica eran los propietarios de dichos medios y la garantía de imparcialidad era totalmente nula.

La eliminación de esos privilegios, la relación íntima entre política y comunicación, la alta concentración de la propiedad mediática, la falta de diversidad y pluralismo mediático sirvieron de argumento para que la Asamblea Constituyente del 2007 incluya en la agenda la discusión de este nuevo marco legal de medios y trabajadores de la comunicación.

A partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Comunicación, el debate político se ha incrementado, la puesta en marcha de políticas públicas de comunicación en el país trastocan en su interpretación. Una alta polarización mediática y política ha dejado como resultado la oposición de actores involucrados en el quehacer de la comunicación. El enfrentamiento, por cuestiones ideológicas y de contenido entre los medios privados y públicos es latente.

La Ley además dejó como resultado el nacimiento de los organismos de regulación y control: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), respectivamente. Ambos organismos se han convertido en el caballo de batalla de la oposición mediática y política, porque desde su nacimiento han encausado procesos y demandas en contra de periodistas y medios de comunicación.

En los dos años de vigencia de la Ley, la SUPERCOM ha sancionado a 198 medios, ha realizado 506 procesos y 313 resoluciones, de las que 185 han sido sanciones económicas, con las que el Estado ha recaudado alrededor de 201.596 dólares.

En Bolivia, en junio del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó, con amplia mayoría, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Evo Morales y sus legisladores dieron paso una normativa que le otorga al Estado mayor control sobre los medios electrónicos e intervenciones telefónicas, tal como se lee, el Estado Plurinacional puede “pinchar” llamadas cuando lo considere, bajo el argumento de la seguridad estatal.

La Ley le quitó la mayor representación a los medios privados, ahora se establece que las frecuencias de radiodifusión se dividen en un 33 por ciento para el Estado, otro 33 por ciento para el sector público-comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y el 17 restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos.

Al igual que en Venezuela y Ecuador, la normativa señala como prioridad la transmisión de los mensajes del Presidente dos veces al año en cadena nacional: el primero al iniciar su gestión y el segundo a mediados de año.

En Uruguay, en la época del presidente José Mujica (diciembre 2014), la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nueva normativa que regula los medios consta de 180 artículos y 13 capítulos. Tiene como objetivo central la regulación de los servicios de radio, televisión y otros relacionados al ámbito de la comunicación audiovisual.

La Ley no descarta que lo primordial es evitar monopolios y oligopolios de grandes medios privados, a partir de la generación de un sistema de medios audiovisuales armónico, equitativo y justo en la repartición de las frecuencias. Los límites a la concentración son: tres señales de radio o televisión, o en su caso, seis de televisión para abonados. Además impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.

Al igual que Argentina, la Ley de Medios uruguaya señala que deberán ser transmitidos en cadena nacional los programas con actividades oficiales, tal es el caso de la las selecciones de futbol o baloncesto en instancias eliminatorias y en torneos internacionales. A eso se le suma que por lo menos dos horas a la semana las televisoras deberán programar, de manera obligatoria, temáticas culturales.

Y… ¿después de la normativa qué?

Es indiscutible que el debate en torno a las políticas de comunicación en América Latina resultan ser una novedad durante los últimos años. Fue la UNESCO, hace poco más de tres décadas que provocó, como una necesidad, el incluir dentro de las agendas de los gobiernos la discusión de esta temática, al considerar que la comunicación es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades.

La realidad actual muestra que estas normativas, similares en contenido y forma, rompieron la histórica herencia de la fuerte concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación en la región. Las nuevas reglas de juego en el campo mediático re-estructuró los sistemas de medios, cuyo origen radicaba en el fin comercial, de mercado y como un actor eminentemente político.

Históricamente, los gobiernos no veían beneficio alguno contar con un medio de comunicación público y la mejor alternativa era ponerlos a la venta. En la actualidad, a conveniencia o no, el fortalecimiento de los medios públicos es un hecho, estos gobiernos “progresistas” los recuperaron y en lugar de organizarlos como un verdadero “servicio público estatal”, los ha constituido jurídicamente y los operan como medios gubernamentales, propagandísticos.

Quedan algunas deudas pendientes, pero la más importante, a mi criterio, es la utópica distribución “equitativa” de frecuencias en el espectro radioeléctrico. El sector de la comunicación comunitaria es el más afectado. Lastimosamente, estas normativas no muestran con claridad un aspecto importante en la conformación de estos medios, no hay respuestas aún respecto de las fuentes de financiamiento. Esto muestra que el “papel aguanta todo” y que la pluralidad no llega aún a los sectores alternativos.

"Por el bien de todos, primero los pobres"

Todavía me quedó la incertidumbre de saber qué hizo retroceder al Presidente Correa en las decisiones radicales que había propuesto respecto de los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía, pero lo que si queda claro es que este hecho fue el detonante para que la ciudadanía muestre sus descontento con el Gobierno; asimismo, sirvió de base para que una tibia oposición gane espacio en la arena política y muestre las caras de aquellos que quieren pescar a río revuelto.

Al escuchar una y otra vez el último informe a la nación, quizás para buscar una respuesta a mi primera interrogante, me topó con la categoría de "pobreza" que obviamente apela a los "pobres"... No se supone que este gobierno lleva ocho años en el poder y que la "pobreza" ya se había erradicado? Que las políticas públicas implantadas en la Revolución han sido diseñadas para eso? Que el bono de desarrollo humano dio la pauta para sacar de la pobreza a muchos miles de ecuatorianos?

Pero ooh sorpresa escuchar de boca del Presidente el siguiente mensaje: "por el bien de todos, primero los pobres". Un mensaje que definitivamente llama la atención por el sentido y origen que éste representa. Revisando un poco la historia, me topo que el famoso mensaje no es obra divina del pensamiento de la Revolución Ciudadana sino que ya fue bautizado en México por la izquierda con el fin de captar más votos. Demagogia pura y cruel, acaso ese el fin de este proyecto revolucionario? 

Para conocimiento de mis lectores, este glorioso mensaje fue utilizado por primera vez en el Estado de Tabasco. Enrique González Pedrero, gobernador a inicios de la década de los 80 lo utilizó y matizó de tal manera que le sirvió para iniciar un programa de redistribución de los ingresos traducidos en obra pública, prestación de servicios y organización social. Así lo explica Mauricio Merino en su editorial en Diario El Universal en el 2009. Además señala que la propuesta de González Pedrero no fue gratuita, más bien sirvió de base para el aparecimiento del denominado "presupuesto participativo", considerado como la base del gobierno de Lula da Silva y que le llevaría al éxito durante ocho años en el poder con el Partido de los Trabajadores.

Este discurso que apela a velar por los pobres también fue parte de una campaña electoral para la presidencia en México, justamente cuando se enfrentaron Felipe Calderón y Andrés López Obrador, allá por el año 2006. De hecho la coalición que formaría López Obrador se adjudicó ese nombre: "por el bien de todos" y aglutinaba al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Los tres partidos reconocidos como de izquierda y que enarbolaban la Revolución Mexicana de ese entonces.

Si bien es cierto que López Obrador, en calidad de Jefe del Distrito Federal promovió la obra pública, muy cierto es también que cargó sobre sus espaldas una fuerte crítica por parte de la nueva izquierda mexicana, quienes veían en el ex-candidato un típico caso de "camisetazo" programado tras varios de sus intentos por alcanzar la presidencia con el PRD, terminó anclándose en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuya base ideológica es la izquierda mexicana.

Como dice Rubén Blades en su tema Hipocrecia: "ya no hay izquierdas ni derechas: solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidiextros..." Lo lamentable es que los ciudadanos seguimos creyendo en políticos que seguirán asegurando sus bolsillos e insistiendo que trabajan por nosotros. O simplemente nos dirán que todo lo que hacen es "por nosotros, por los pobres", que todos los costos políticos son "por el bien de todos, primero los pobres". 

Del otro lado, seguiremos esperando que eso se cumpla y mirando pasar como "la revolución avanza" a "primero los pobres", eso no es retroceder?

Los de la izquierda que comen con la derecha

En las sociedades modernas, el desarrollo y crecimiento profesional de los seres humanos es necesario. Entran en juego elementos estructurales económicos, sociales y educativos. Sin duda, los tiempos han cambiado, los principios y valores que en nuestras generaciones se forjaban en casa, se fortalecían en la escuela y se ejecutaban en el ejercicio laboral, lastimosamente se han perdido en un buen porcentaje. 

A qué viene esta introducción? ... no lo tomen a mal, pero mi crítica desarrolla el "ser coherente con lo que se predica". Una costumbre que a muchos funcionarios snobs se les quedó en el papel desde hace mucho tiempo. Esa pasión por la Revolución Ciudadana ha perdido seguidores y en gran número desde la vigencia de aquella política pública denominada "nueva matriz productiva", matriz que va de la mano de una sutil "derecha" anquilosada en la "pseudo izquierda" y que va en contra de los principios de la naturaleza, de las propuestas y del respeto al que apelaban los revolucionarios en el Plan Programático del 2007. 

La raíz de estas nuevas formas de gobernar, a partir de la supermega estrategia extractivista ha generado una fuerte pugna por cuestiones ideológicas que se junta con esa pasión contraria a la "partidocracia" cuyo origen es la contradicción con los grandes partidos de la "derecha" ecuatoriana que gobernó desde el retorno a la democracia. 

Los "camisetazos", el "hombre del maletín" y las famosas "coaliciones fantasmas" a las que hacía referencia Andrés Mejía, eran tradicionales en una política legislativa marcada por decisiones verticales. Pero ¿qué ha cambiado en el país durante los últimos años? A mi criterio nada. Nada más allá de un cambio de mayorías (lograda incluso con asambleístas ex-partidocracia y ahora pro PAIS), ya que las decisiones verticales impuestas desde el Ejecutivo se mantienen. Un ejemplo claro son los proyectos de ley de herencias y plusvalía impuestos y después de pocas horas retirados del debate so pretexto de "recuperar el ambiente de paz" y "promover el diálogo nacional". 

Esto que sucede en el legislativo se traduce también en el rol de los funcionarios públicos de alto rango (esos snobs), que se han convertido en aquellos personajes que se auto consideran de "izquierda y que comen con la derecha", aquellos reconocidos como "los nuevos ricos". El mejor filtro para visibilizarlos son las redes sociales. Por ejemplo, las protestas registradas en los alrededores de la sede de Alianza PAIS, donde no solo hay movilizaciones espontáneas, sino también "obligatoriamente" motivadas. La serie de fotografías con colores verdes intensos muestran los "micro-niveles de transferencia política" traducidos en fotografías de funcionarios de bajo rango (los pequeños snobs) con Asambleístas, con Subsecretarios, con "variopintas" personalidades políticas. El objetivo: ganar algo de credibilidad con el resto, de demostrar su pasión revolucionaria e incluso conservar su puesto de trabajo. 

Del otro lado, aquellos funcionarios de alto rango (verdaderos snobs) que se muestran en reuniones, en cenas, en autos nuevos, casas de estreno, viajes (aunque sea en giras presidenciales), shopping, closets llenos de ropa y todas aquellas acciones que pueden etiquetarse como "lujosas" y "peluconas". Solo ejemplos de aquello que son motivo de crítica desde el poder y es ahí donde la coherencia precisamente no es algo que se practique. 

Todas estas contradicciones son la mejor forma de entender las movilizaciones de ciudadanos de izquierda, de derecha, neutrales, apolíticos, estudiantes, amas de casa, con y sin auto. No son solo las leyes de herencia y plusvalía, en realidad éstas fueron el desencadenante para que los ciudadanos se harten, se cansen y su única y exigente demanda sea la rectificación, una categoría que el gobierno y sus funcionarios no logran entender.

Cuando retroceder no es sinónimo de rectificar

Hace algún tiempo, en el 2010, en pleno boom de la Revolución Ciudadana, cuando todos estábamos fascinados de esa “nueva” forma de hacer política, escribí cuan efectivo resultaba el discurso y la práctica en la Revolución Ciudadana. Me refería a esa capacidad que tenía el gobierno para cumplir con sus objetivos, planteamientos y ofertas que incluso rebasaban la “demagogia” tradicional.

Han pasado casi 5 años desde aquellas reflexiones y la arena política ha cambiado radicalmente. El ambiente está cargado de muchos elementos para el más sesudo análisis que vaya más allá de las redes sociales y que fuera de sesgo político muestre una realidad que evite las confrontaciones ideológicas y aterricen en una realidad que muchos tienen temor a aceptar. El discurso gubernamental perdió efectividad?

El problema coyuntural de la política ecuatoriana se centró durante los últimos días en los intentos de aprobación de las Leyes de Herencias y de Plusvalía, proyectos enviados desde el Ejecutivo a la Asamblea, que causaron debate, molestia y enfrentamientos de sectores a favor y contra.

Ernesto Laclau afirmaba que los discursos son esa forma misma de la constitución de lo social,  porque permiten la articulación o desarticulación de diferentes elementos y solo se materializa cuando construye realidades. La pérdida de efectividad en el discurso y en la práctica ha perdido legitimidad y esa es la realidad.

Frente a este concepto Laclauniano, qué respuesta se puede dar cuando en medio de un espectáculo de tarima, vacío de contenido y cargado de apasionamiento, el Presidente de la República aprovecha “efectivamente” de un acto cívico - el cambio de guardia en el Palacio de Carondelet-, para visibilizar de manera insistente a sus enemigos, a aquellos que quieren desestabilizar su gobierno, aquellos cegados por un poder individual en contra de una “mayoría” que lo apoya.

El terreno “efectivo” para asegurar y justificar sus actos fue la Plaza Grande, un momento clave para señalar su posición “inclaudicable” frente a sus propuestas de Ley. Horas más tarde, en su “mensaje a la nación” – otro terreno válido pero menos apasionado-, cambió el sentido al verbo “ceder” y justificó la visita del Papá para que el país lo reciba en un ambiente de “paz, regocijo y reflexión”.

¿Ceder o retroceder? ¿Cuánto afecta esto a su credibilidad? Una respuesta frente al hecho es que sus discursos políticos los maneja bajo una lógica y una estructura determinada, que dependen mucho del contexto y de la situación en la que se desarrollan. Correa como actor político está en la posibilidad de articular diferentes lógicas, diferentes formas de expresar sus palabras. Frente a sus seguidores demostró que sus acciones son parte de un “ritual político” y apelan a la ideología revolucionaria encarnada en su institucionalidad.

Asimismo, justificó su idea de la erradicación de la inequidad en función del cristianismo, sancionando como “pecado social” a la desigualdad y motivó a un “diálogo” nacional con los sectores para tratar la Ley. Los ciudadanos aspiran y esperan que estas iniciativas se den, los cambios y sobre todo rectificaciones son urgentes y a la vez necesarias. 

¿Medios públicos o medios estatales?

Con admiración y con un profundo dolor en ese Ecuador profundo miro atento el papel de los medios públicos durante la "cadena nacional" que, más allá de un "cambio de guardia", denota un claro sesgo político a favor del actual gobierno. Lamentable resulta que los periodistas hablen reiteradamente de "manipulación" por parte de los medios privados, a quienes desde el 2007 se los ha considerado como los principales opositores del régimen. Acaso no están repitiendo los mismos patrones?

Un poco para profundizar en este tema que llama la atención a muy pocos, Hallin y Mancini (2007) señalan un concepto al que denominan como "paralelismo político" a esa proximidad entre los sistemas políticos y el sistema de medios de comunicación, pero plantean que en esa relación es necesario identificar los grados de independencia que cada una de estas estructuras.

El carácter público en los sistemas de comunicación del país fue claramente señalado en la Ley Orgánica de Comunicación, que a la par de los medios privados y comunitarios ganan un espacio "equitativo" en el espectro radioeléctrico, el 33% efectivo para cada uno.

Pero el problema no es la cuestión de la equidad. El problema radica en que resulta tan evidente esa "manipulación", similar o peor a la de un medio privado, donde los medios mal llamados "públicos" en Ecuador hacen gala de su poder para calar en la opinión pública, de manera que ese paralelismo político tenga un grado de independencia nulo debido a la orientación política que sus periodistas y su línea editorial generan.

Claramente lo señalan Hallin y Mancini cuando plantean que dentro de ese paralelismo político respecto de la regulación y especialmente de la gestión se distinguen algunos modelos básicos, entre los que se señalan el "modelo gubernamental", en el cual los medios públicos, que se los denominan como estatales, están controlados por el Gobierno o por una mayoría política, sus principales representantes (directores, editorialistas, incluso periodistas) son nombrados por el poder central para mantener un control efectivo de los discursos y también de las imágenes.

Quien diga que eso no ocurre pues lamentablemente está cerrado los ojos a una realidad que es latente en el país. La forma en la que lograron captar esos medios es muy conocido, pero poco difundido. En el caso ecuatoriano, un proceso de incautación de empresas a los banqueros, entre los que se encontraban los medios de comunicación con un alto rating de sintonía, marcó un punto de quiebre en el sistema de medios. Lo lamentable es que el ofrecimiento de la venta de esos medios de comunicación no se ha dado y sigue en manos gubernamentales con contenidos claramente posicionados a favor de la autodenominada revolución.

El poder en el país, ese poder revolucionario se ha encargado de anular los grados de independencia de nuestros medios públicos. La libertad para elegir programación educativa que alimente el conocimiento, la libertad de formar una generación de ecuatorianos con capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo no existe. Que lamentable que sigamos siendo parte de una posición política y que nos obliguen a creer que todo lo bueno nace del Gobierno y de su lindo discurso presidencial.