Una breve entrada teórica
Las
principales líneas teóricas en Ciencia Política se sustentan en el desarrollo
de las naciones en el orden político[1];
por ello es importante dar cuenta de las diferentes perspectivas del
pensamiento de autores que han puesto en marcha una teoría básica que explique
la existencia de los procesos políticos.
En
ese sentido queda claro que todo gira alrededor de la institución denominada
Estado, que es considerada como un órgano que está por encima de los mismos
hombres; de ahí que el concepto clásico de Estado hace referencia a una forma
de organización, como la base de un orden social, donde cuya estructura se
sustenta por un conjunto de instituciones que regulan la vida de los ciudadanos
mediante la aplicación de leyes y normas.
El
término Estado faculta esa necesidad de entender a los seres humanos en
relación con la naturaleza, Maquiavelo no cree en el poder omnipotente, pero sí
en el déspota (virtud y fortuna) y la libre voluntad del pueblo para
gobernarse; es en la edad media cuando se toma en cuenta los elementos de ese
Estado al que se refería Maquiavelo y se caracterizan los siguientes
componentes: pueblo, territorio y poder.
Algo
que es innegable es que existe una evolución del concepto de Estado y se le
otorga ciertos atributos a las instituciones que en el comprenden, ya en la
modernidad se habla de un Estado de Derecho (Böckenforde, 2000), donde se
establecen las reglas de juego mucho más claras; por ejemplo se estipula la
división de poderes. Es por eso que el Estado de Derecho da paso a legitimar las
funciones básicas del Estado, pero también los objetivos y sus tareas, como las
de proteger a las personas y dotarles de esa libertad individual; la
organización es indispensable en el Estado de Derecho, a partir del
reconocimiento de la ciudadanía y de los sistemas políticos.
El concepto sistema político está estrechamente
ligado a la teoría de la modernidad, por eso se derivan las caracterizaciones
de desarrollo de las sociedades modernas y además se hace referencia a
condiciones y situaciones de interacción individual y colectiva (Echeverría,
1999).
La democracia como tal resulta una suerte de
organización de grupos de personas, su característica principal es que su
voluntad colectiva radica en la toma de decisiones por parte de todos los
integrantes de ese grupo.
En términos de teoría política, la democracia es
una forma de gobierno, de organización del Estado y el pueblo, mediante la
participación le confieren de legitimidad a quienes los representan en las
instituciones del poder.
Un primer momento: una
crisis que se gesta en los 70
En
la década de los 70 se pone en marcha una transformación de la estructura
socio-productiva (1972-1976) y la constitución de un sistema político fuerte
(1976-1979), ambos se plasman en el retorno de la Democracia. En diciembre de
1976 se conformaron las Comisiones Jurídicas, como parte fundamental de
reestructuración, que contemplaba un clima de concordia nacional y un diálogo
político; la renovación de cédulas de ciudadanía y elaboración de nuevos
padrones; y, la estructura de las tres comisiones que se encargarían de
reformar la Constitución de 1945, además de la elaboración de una nueva Ley de
Partidos Políticos y Elecciones, procesos que estarían liderados por el nuevo
organismo denominado Tribunal Supremo Electoral (Sánchez, 2008: 28)
El
pacto civil y militar fue la clave para el retorno a la vida democrática; por
un lado, el papel que jugaron los militares como actores políticos en la
estructura constitucional fue decisivo, este estableció mecanismos de presión
para consolidar acuerdos, los mismos que se pudieron concretar en la
participación social y en la discusión del texto constitucional.
La
meta era el cambio de rumbo en la política nacional, los partidos políticos
estaban detrás de ese cambio, buscaban que las demandas sociales se transformen
en demandas políticas y quizá la nueva Carta Magna intentó traducir ese
objetivo.
En la década de los 80, el
estallido de la crisis económica, el endeudamiento público y la crisis fiscal;
además de la consolidación de los partidos políticos con tendencia derechista
inciden sobre el sistema de legitimación y la falta de credibilidad de la
ciudadanía en esos actores.
Después del retorno a la
democracia: ¿el inicio de la crisis?
Los
cinco gobiernos constitucionales que sucedieron a la dictadura militar, pero
especialmente en los periodos de Roldós y Hurtado, en el año de 1981, las
condiciones económicas eran totalmente adversas, con serias consecuencias que
se expresaron en el campo social y político, la razón se sujetaba a la aplicación
de políticas de ajuste estructural del llamado “Consenso de Washington”,
obligaron a la democracia ecuatoriana a marchar contracorriente respecto de uno
de los ejes o paradigmas centrales que caracterizaron su diseño institucional
(Echeverría, 2006: 21).
Con
una orientación demócrata-cristiana, el neoliberalismo aplicado a raja tabla
por parte de León Febres Cordero, en 1984, la situación era similar al de sus
antecesores, las exigencias de las políticas internacionales en términos
económicos desbarato todo el programa de gobierno que ofreció tras su lema:
“pan, techo y empleo”.
La
social-democracia aplicada en Rodrigo Borja, a pesar de que contó con mejores
condiciones durante su primera mitad del gobierno, gracias al apoyo del
Legislativo, la mejoría fue más clara tras el pacto con la Democracia Popular y
el FADI (Sánchez, 2008: 133); el agravante era la transacción hecha con los dos
partidos para otorgarles responsabilidades en los ministerios.
Luego
llegaría Sixto Durán Ballén, quien después de una ruptura con el PSC, su
partido de todos sus logros políticos, llega al poder con un partido ad hoc, la Unidad Republicana (Sánchez,
2008: 135), pero también gracias al respaldo de la Sierra y de la Costa.
Ya
a mediados de los 90 y luego del último periodo presidencial constitucional, es
claro y notorio que la crisis institucional que se avizora es mucho más fuerte
en años posteriores a esa década, sobre todo por las políticas económicas que
se aplicaron y que todavía no terminaban por aplicarse; además, el papel de los
partidos políticos que, hasta ese entonces, manipulaban y lideraban las
instituciones y organismos del Estado, respondían a políticas neoliberales, por
lo que su poder era imposible de contrarrestar y la etapa de crisis
institucional en el Ecuador apenas iba a cristalizarse en los años
subsiguientes.
Un segundo momento: seis
gobiernos en menos de diez años
La
poca oportunidad de contrarrestar en iguales condiciones las políticas
neoliberales de los partidos que dominaban el espectro político a mediados de
los 90, tomó como punto de partida la presencia de aquellos actores políticos
que no contaban con acceso a la toma de decisiones, lo cual hará que esta
crisis inevitablemente aumente; estos actores sin voz estaban plasmados en los
trabajadores, estudiantes y con mayor fuerza en los indígenas, que resultan ser
esa representación de la oposición de la aplicación de un modelo neoliberal que
estaba en marcha en el país.
Si
en los años ochenta, los análisis estuvieron centrados principalmente en la
transición a la democracia, en los 90 se centraron en los comportamientos electorales
y en los movimientos sociales como expresiones de participación de los sectores
subalternos (Burbano, 2003: 13).
Los
conflictos políticos y movilizaciones sociales enfatizan la crisis política que
claramente es percibida por la sociedad, la representación no es tal en las
instituciones de poder, incluso los intereses de reproducción de la clase
política y de los partidos son la causa real de un descontento general.
El
aparecimiento del movimiento indígena es una clara representación de la crisis
de esos años, de hecho su alto nivel de politización apela a contenidos
simbólicos que buscan la conformación de una identidad nacional, temas como
territorialidad, multiculturalidad, educación bilingüe, entre otros, son la
raíz de la pugna con el Estado.
Justamente
esa crisis se ve reflejada en el gobierno de Abdalá Bucaram, que en base a
estrategias populistas intenta un reacomodo del sistema democrático en el país,
resultó ser que esta crisis de representación es el terreno adecuado para
abonar una cultura política contraria a la democracia original, sin
maniqueísmos y demagogias (Echeverría, 2006).
Bucaram
triunfa en las elecciones y este periodo se ve marcado por el aparecimiento de
nuevos actores políticos, uno de ellos es el Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik – Nuevo País (MUPP-NP). El triunfo de Bucaram es fruto del
enfrentamiento de dos partidos políticos que contaban con mayor fuerza en ese
entonces y que fueron los finalistas en las elecciones presidenciales: el PSC y
el PRE.
El
primer signo de rechazo a los partidos tradicionales estaba por encima del
populismo de los roldosistas y se vio plasmado incluso por la división regional
(Costa-Sierra), el candidato socialcristiano no tuvo acogida en la Sierra, pero
Bucaram, a pesar del triunfo, no logro mayoría en el Congreso Nacional, donde
sí la obtuvo el PSC, fue el mayor bloque parlamentario, 27 de 82 legisladores
(Sánchez, 2008: 138), por lo que la oposición entre el Ejecutivo y Legislativo
era previsible.
Bucaram
no supo sostener su gobierno y el aparecimiento de nuevos actores sociales fue
justificado, sus propios errores agudizan la crisis, las políticas económicas,
la carga de corrupción y abusos de poder fueron la tónica de su corta
permanencia en el poder.
La
convocatoria a una nueva Asamblea Nacional era la salida más adecuada, ante
todo para calmar los ánimos de los sectores sociales que pugnaban por un cambio
de rumbo y el ingreso a una etapa de inclusión y participación equitativa, pero
esa Asamblea más bien reflejará las características propias de la cultura
política, esa dificultad por lograr consensos adecuados entre los partidos de
la élite ecuatoriana.
La
Asamblea de 1997 introduce modificaciones en tres ejes de la estructura
constitucional: modifica el carácter de las relaciones del Estado con la
economía, al reducir su intervención en el proceso económico; refuerza el
presidencialismo como régimen político e introduce importantes avances en la
definición constitucional, con cierta ampliación de los derechos humanos
(Echeverría, 2006: 48).
La
crisis se agudiza, la ascensión al poder de Jamil Mahuad fue el detonante, en
este periodo su participación y sus acciones
condujeron q que la crisis llegue a su momento más álgido (Echeverría,
2006), una crisis financiera, la devaluación monetaria, los bajos precios del
barril de petróleo fueron solo causas de su caída.
A
esto se sumó la inconformidad era generalizada de los ciudadanos, los indígenas
retoman fuerza tras la no inclusión de algunos de sus proyectos en la
Constitución del 98; esta vez la crisis económica era producto de esa
redemocratización aplicada en los 70, un modelo político que reforzó su
orientación rentista y corporativa (Echeverría, 2006), los ajustes económicos
entre ellos la dolarización, que tenían su origen en la política internacional,
acabaron en un alto índice de deterioro social e incremento de la pobreza.
La
figura más visible fue la de Lucio Gutiérrez, quien lideró la alzada militar y
civil en enero y además se convirtió en uno de los candidatos ideales de las
elecciones del 2002, su contenido discursivo le sumaría puntos para lograr sus
propósitos, llegar a Carondelet (Palacio de Gobierno). Su reciclada forma de
actuar en la campaña política, con un discurso clientelar y populista lo llevó
a ubicarse en el sillón de la presidencia. En un inicio, una amplia
participación de los actores excluidos era la tónica del gobierno, pero esta
particularidad duró poco, ya que los sectores de izquierda fueron desvinculados
del poder por la política internacional que cada vez se introducía en las
decisiones de la economía nacional.
Gutiérrez
ensayó un cambio de rumbo tras la firma de un acuerdo con el FMI y un
acercamiento con los Estados Unidos y Colombia, el retiro de los sectores
sociales era de esperarse. Ante este hecho decidió aliarse con Bucaram que aún
contaba con un bloque parlamentario en el Congreso Nacional (Natanson, 2008:
47), pero la acción que lo llevó a su caída fue la destitución de los miembros
del Poder Judicial y en su lugar colocar a magistrados conocidos, incluso uno
de ellos era ex colaborador de Bucaram, quien retiro todo tipo de demandas en
su contra y el regreso del “loco” desde Panamá, donde estaba en calidad
refugiado, fue inmediata.
Una
revuelta de ciudadanos de Quito, los denominados “Forajidos”, harían que este
episodio termine, junto a la oposición parlamentaria integrada por los
socialcristianos, la Izquierda Democrática y Pachakutik, a la que también se
unieron los líderes políticos de ese entonces reunidos en la “Asamblea de
Quito”. Las fuertes movilizaciones terminaron con el poder de Gutiérrez y en su
lugar, acción también determinada por el Congreso Nacional, Alfredo Palacio
asumió el poder tras la figura de “abandono del cargo”. En el 2005, Palacio
reemplazó a Gutiérrez al frente de una débil gestión de transición, encargada
de timonear el barco hasta las próximas elecciones. Temeroso de un nuevo brote
de ira social, Palacio designó un gabinete de tecnócratas y académicos
(Natanson, 2008: 49) completamente desligados de los partidos políticos, donde
aparecerían nuevas figuras políticas.
Un tercer momento: las
nuevas figuras políticas
Durante
el gobierno de Alfredo Palacio, las nuevas figuras políticas salen a luz, y es
que después de los discursos gastados, el cansancio de los movimientos sociales
y unos pocos pero intrépidos partidos políticos que se aferraban con fuerzas al
poder político en el Congreso Nacional, aparecen nuevas figuras en la palestra
electoral.
Dentro
del gabinete de Palacio, la imagen de su ministro de Economía, Rafael Correa,
no pasaba desapercibida, su intento de cambio de orientación económica le dotó
de un atrevimiento tal que pasó a ser una política económica novedosa, entre
otras medidas, el congelamiento de las negociaciones de libre comercio con
Estados Unidos, la idea de crear un tribunal internacional que juzgue la
legitimidad de la deuda externa y la eliminación de un fondo especial
financiado con los recursos de Petroecuador, destinado al pago de intereses de
la deuda (Natanson, 2008: 50) hicieron que su imagen desconocida hasta ese
entonces se fortalezca.
Sus
ansiadas políticas económicas trastocaron con los intereses de Palacio, quien
decidió desplazar a Correa, porque logro expresar la sensación de hastío que
dominaba a buena parte de la sociedad. Su hiper-protagonismo (Natanson, 2008)
fue cada vez más evidente; además de sus ambiciones presidenciales que solo se
vieron cristalizadas en la campaña electoral del 2006. Sus promesas y ofertas
electorales fueron bastante sugestivas, ya que en parte recogían las demandas
de algunos sectores sociales que habían sido marginados en los anteriores
gobiernos y que carecían de visibilidad, incluso en la Constitución de 1998.
El triunfo de Rafael Correa se explica en gran medida
por su discurso radical en contra del viejo orden político. El uso del término partidocracia
–inapropiado para una situación como la ecuatoriana pero muy efectivo en
términos políticos- sintetizó esa posición (Pachano, 2008: 2).
Ya en el poder termina por estructurar los primeros cambios en la
política desquebrajada y uno de sus primeros postulados es que la reforma
política se logrará con una nueva Constitución y la designación de nuevas
autoridades en todo el país.
La
convocatoria a una Asamblea se logra cristalizar, el proyecto de Constitución
cuenta con el respaldo de muchos actores políticos que ven este proceso una
etapa de cambio; sin embargo, luego de la aprobación de este texto, los cambios
no logran cristalizarse, ya que la misma política de intereses parece que está
por encima de todo.
Una
primera ruptura de las normas aprobadas en la Nueva Constitución es la auto
designación de los miembros del Tribunal Constitucional a una nueva Corte
Constitucional, quienes arbitrariamente asumen funciones que no les
correspondía; a esto se suma los inadecuados manejos de designación de
autoridades en los nuevos órganos de control que responden a intereses de
partidos políticos, lo cual se refleja no solo en el Consejo Nacional
Electoral, sino también en la nueva función del Estado, la de Participación Social
y Ciudadana.
Han
pasado varios años desde la aprobación de la Constitución; sin embargo, varios
aspectos no han cuajado del todo, lo que sí es que algunos artículos cuentan
con el aval del Gobierno y otros resultan inconstitucionales. Un ejemplo claro
de ello es el poder Legislativo, ahí se reivindicó que el poder político está
por encima de la legalidad, solo bastó un Régimen de Transición para que los
asambleístas que cesaron en sus funciones, logren permanecer en el poder con
una justificación un tanto absurda de vacío institucional.
La
última y más cruda novedad fue la aprobación de las enmiendas constitucionales,
sin un referéndum de por medio, donde se modificaron 15 enmiendas. El artículo
más polémico y por el que se generó un fuerte debate fue el relacionado a la
reelección indefinida de las autoridades. En los artículos 114 y 144 de la
Constitución se modificó que “todas las autoridades de elección popular podrán
postularse para el mismo cargo”, excepto aquellas que hayan sido reelegidas en
el período anterior. En el caso del Presidente estará cuatro años y podrá
postularse después de un periodo. A pesar que la Transitoria señala que las
enmiendas a estos artículos entrarán en vigencia desde el 24 de mayo del 2017.
El
escenario electoral se avizora en medio de reformas y cambios de estructura, de
crecimiento de la burocracia, de un alto gasto del presupuesto fiscal, de la
caída e inestable precio del barril de petróleo, entre otros aspectos que solo
llevan a preguntar si la crisis del sistema político heredada desde el retorno
de la democracia ha logrado superarse, o todavía le espera al país una nueva
etapa de inestabilidad política, económica y social.
Las
nuevas elecciones se acercan, el calendario electoral está determinado, el 19
de febrero del 2017 se elegirá al nuevo mandatario y a los nuevos asambleístas
y hasta octubre del 2016 será la inscripción final.
BIBLIOGRAFÍA
- Bockenforde, Ernest; Estudios
sobre el Estado de Derecho y la democracia; Ed.Trotta; Madrid;
2000.
·
Burbano de Lara,
Felipe, Comp.; Antología. Democracia, cultura política y gobernabilidad;
Flacso; Quito, Ecuador; 2003.
- Echeverría, Julio;
La Democracia Bloqueada:
teoría y crisis del Sistema Político ecuatoriano; Ed. Letras; Quito, Ecuador; 1997.
El desafío constitucional:
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- Luhmann, N; La
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- Mejía, Andrés; Gobernabilidad
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- Natanson, José; La
nueva izquierda, triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina,
Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador; Ed. Debate,
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- Pachano, Simón;
El precio del poder: izquierda, democracia y
clientelismo en Ecuador; Ponencia presentada al
Segundo Coloquio Internacional de Ciencia Política: “Gobiernos de Izquierda
en Iberoamérica en el Siglo XX”, Xalapa, Veracruz, México, 20, 21 y 22 de
octubre de 2008.
La trama de Penélope, Procesos
políticos e instituciones en el Ecuador; Flacso,
International IDEA, Netherlands Institute for Multiparty Democracy,
Quito,
Ecuador, 2007.
[1] Concebido lo político como
una intervención afirmativa-constructiva, como normatividad metafísica que
controla las fuerzas sociales. La política moderna en su versión clásica, esto
es, en aquella desarrollada por la filosofía griega de Sócrates, Platón y
Aristóteles se constituye sobre una primera figura de secularización o
transformación del mito. El orden político ubica en el mundo de la ideas y en
su perfección pura un modelo al cual remitirse (Echeverría, 2006).
