El retorno a la democracia, al cerrar la década de los
70, dejó como resultado una serie de acontecimientos que marcaron los sistemas
políticos latinoamericanos, cada uno con sus características y
particularidades. Si bien es cierto la forma de hacer política ha cambiado a la
fecha, también es muy cierto que algunos vicios de la época neoliberal se
mantienen.
Desde Venezuela, pasando por Ecuador, Bolivia, Argentina
y hasta Uruguay, son los gobiernos donde una “ola” autodenominada: “progresista
de izquierda radical”, “del socialismo del siglo XXI” se ancló en la última
década del nuevo siglo. Las propuestas “variopintas” van desde un “cambio radical”,
la “redistribución equitativa de la riqueza” y hasta en los casos más extremos
la “erradicación de la pobreza”. Sin embargo, los fieles creyentes de estos
proyectos van dándose cuenta que de la propuesta a la realidad hay un largo
trecho y que en la política como en un partido de fútbol, todo juega.
Más allá del orden de lo político, entendido como esa
capacidad que tienen los gobiernos para elegir “qué hacer o qué no
hacer”, estos gobiernos tuvieron la perspicacia de no dejar escapar la
oportunidad de tomarse los grandes medios de comunicación, sin duda un elemento
clave en el ejercicio de la política y hasta de la politiquería.
¿Liderazgos y analogías?
Los
autodenominados líderes latinoamericanos que pregonan el socialismo por toda la
región jamás perdieron el sentido de lo importante que resultaba el poder
mediático para el mantenimiento del poder político. Estos gobiernos fueron conscientes
del poder de los grandes medios de comunicación, por lo que una de las primeras
acciones fue autodefinirlos como su principal enemigo u opositor, y en la misma
línea, desmantelaron, vía normativas, los grandes monopolios mediáticos, argumentando
que existía alta concentración mediática en manos de pocos grupos económicos y
empresariales.
Estas
acciones no están mal concebidas, para nada. Lo lamentable es que si bien
quitaron privilegios a ciertos grupos de poder económico, la lógica se trasladó
a un tipo de concentración mediática del Estado, cuyos contenidos no miran más
allá de lo que el aparato estatal les permite.
Venezuela,
con Hugo Chávez a la cabeza, fue el país donde se propició la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Aprobada en el 2004, entró en
vigencia un año después y entre sus principales aspectos están: la regulación
en torno a la propiedad de los medios de comunicación, el control de los
contenidos y la obligatoriedad de la difusión de los mensajes emitidos desde el
Ejecutivo. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley RESORTE, inició
un proceso de persecución a medios privados y a sus periodistas.
En
Argentina, el debate y la presión desde la oposición llevaron al oficialismo a mantener
por cerca de cuatro años el proyecto de ley en la congeladora. La Ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), fue aprobada en el 2009
por el Congreso Argentino, tras ser enviado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Sin embargo, el Grupo Clarín impugnó su aplicación al
solicitar al Tribunal Constitucional medidas cautelares a los artículos: 41,
45, 48 y 161. Que básicamente limitaban la acumulación de licencias de
televisión des espectro y que obligaban a la desinversión.
Después
de cuatro años de una fuerte pugna legal, el 29 de octubre de 2013, la Corte
Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la
validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad de la normativa.
El proceso de desinversión entró en marcha de manera inmediata y los grupos económicos
que excedían el número de licencias tuvieron que acatar tal decisión.
Históricamente,
el Ecuador no ha tenido trascendencia en este tipo de procesos de construcción
de políticas públicas de comunicación, apenas a mediados de los 70 y durante la
última dictadura, se aprobó la Ley de Radiodifusión y Televisión, la misma que
favorecía a un sector periodístico empresarial y monopólico. Otorgando
privilegios a los grandes grupos de poder (banqueros, sectores empresariales y
partidos políticos), que en la práctica eran los propietarios de dichos medios
y la garantía de imparcialidad era totalmente nula.
La
eliminación de esos privilegios, la relación íntima entre política y
comunicación, la alta concentración de la propiedad mediática, la falta de
diversidad y pluralismo mediático sirvieron de argumento para que la Asamblea
Constituyente del 2007 incluya en la agenda la discusión de este nuevo marco
legal de medios y trabajadores de la comunicación.
A
partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Comunicación, el debate
político se ha incrementado, la puesta en marcha de políticas públicas de
comunicación en el país trastocan en su interpretación. Una alta polarización
mediática y política ha dejado como resultado la oposición de actores
involucrados en el quehacer de la comunicación. El enfrentamiento, por
cuestiones ideológicas y de contenido entre los medios privados y públicos es
latente.
La
Ley además dejó como resultado el nacimiento de los organismos de regulación y
control: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
(CORDICOM) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM),
respectivamente. Ambos organismos se han convertido en el caballo de batalla de
la oposición mediática y política, porque desde su nacimiento han encausado
procesos y demandas en contra de periodistas y medios de comunicación.
En
los dos años de vigencia de la Ley, la SUPERCOM ha sancionado a 198 medios, ha
realizado 506 procesos y 313 resoluciones, de las que 185 han sido sanciones
económicas, con las que el Estado ha recaudado alrededor de 201.596 dólares.
En
Bolivia, en junio del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó, con amplia mayoría,
la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
Evo Morales y sus legisladores dieron paso una normativa que le otorga al
Estado mayor control sobre los medios electrónicos e intervenciones
telefónicas, tal como se lee, el Estado Plurinacional puede “pinchar” llamadas cuando
lo considere, bajo el argumento de la seguridad estatal.
La
Ley le quitó la mayor representación a los medios privados, ahora se establece
que las frecuencias de radiodifusión se dividen en un 33 por ciento para el
Estado, otro 33 por ciento para el sector público-comercial, 17 por ciento para
el sector social comunitario y el 17 restante para los pueblos indígenas
originarios y campesinos.
Al
igual que en Venezuela y Ecuador, la normativa señala como prioridad la
transmisión de los mensajes del Presidente dos veces al año en cadena nacional:
el primero al iniciar su gestión y el segundo a mediados de año.
En
Uruguay, en la época del presidente José Mujica (diciembre 2014), la Cámara de
Representantes aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nueva
normativa que regula los medios consta de 180 artículos y 13 capítulos. Tiene
como objetivo central la regulación de los servicios de radio, televisión y
otros relacionados al ámbito de la comunicación audiovisual.
La
Ley no descarta que lo primordial es evitar monopolios y oligopolios de grandes
medios privados, a partir de la generación de un sistema de medios
audiovisuales armónico, equitativo y justo en la repartición de las
frecuencias. Los límites a la concentración son: tres señales de radio o
televisión, o en su caso, seis de televisión para abonados. Además impide a las
empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.
Al
igual que Argentina, la Ley de Medios uruguaya señala que deberán ser
transmitidos en cadena nacional los programas con actividades oficiales, tal es
el caso de la las selecciones de futbol o baloncesto en instancias
eliminatorias y en torneos internacionales. A eso se le suma que por lo menos dos
horas a la semana las televisoras deberán programar, de manera obligatoria,
temáticas culturales.
Y… ¿después de la normativa qué?
Es
indiscutible que el debate en torno a las políticas de comunicación en América
Latina resultan ser una novedad durante los últimos años. Fue la UNESCO, hace
poco más de tres décadas que provocó, como una necesidad, el incluir dentro de
las agendas de los gobiernos la discusión de esta temática, al considerar que
la comunicación es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las
sociedades.
La realidad actual muestra que estas normativas,
similares en contenido y forma, rompieron la histórica herencia de la fuerte
concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación en la
región. Las nuevas reglas de juego en el campo mediático re-estructuró los
sistemas de medios, cuyo origen radicaba en el fin comercial, de mercado y como
un actor eminentemente político.
Históricamente, los gobiernos no veían
beneficio alguno contar con un medio de comunicación público y la mejor
alternativa era ponerlos a la venta. En
la actualidad, a conveniencia o no, el fortalecimiento de los medios públicos
es un hecho, estos gobiernos “progresistas” los recuperaron y en lugar de
organizarlos como un verdadero “servicio público estatal”, los ha constituido jurídicamente
y los operan como medios gubernamentales, propagandísticos.
Quedan
algunas deudas pendientes, pero la más importante, a mi criterio, es la utópica
distribución “equitativa” de frecuencias en el espectro radioeléctrico. El
sector de la comunicación comunitaria es el más afectado. Lastimosamente, estas
normativas no muestran con claridad un aspecto importante en la conformación de
estos medios, no hay respuestas aún respecto de las fuentes de financiamiento.
Esto muestra que el “papel aguanta todo” y que la pluralidad no llega aún a los
sectores alternativos.
