Las Políticas Públicas de Comunicación en América Latina se justifican, en su mayoría, porque han sido incentivadas por gobiernos de corte progresista (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina: abolida por el último gobierno). Entre muchos de los objetivos planteados para el efecto están la defensa de la “libertad de expresión”, la “democratización de los medios de comunicación” y los contenidos que se difunden a través de los medios.
Estas “nuevas” políticas nacionales de comunicación responden a una autodenominada “ola de izquierda progresista” latinoamericana, donde los gobernantes orquestan discursos similares en términos estructurales. Apelan a confrontar al “cuarto poder”, a los dueños de los medios privados, al monopolio empresarial de la comunicación, pero además, demandan la recuperación de la “libertad de expresión”, como la única vía que garantiza los derechos de aquellos que no han tenido acceso a los medios de comunicación.
El escenario político en el que se encuentra el periodismo latinoamericano es crítico, la crisis que atraviesa la profesión es cada vez más latente. No solo por los aspectos de la profesionalización, sino también por la falta de independencia en la que el ejercicio del periodismo. Las responsabilidades y compromisos asumidos por los profesionales están marcados, en el caso de los medios privados, por un modelo empresarial y económico. Y del otro lado, aquellos periodistas que responden a las instituciones gubernamentales, confundiendo el verdadero rol de los medios públicos.
Los argumentos normativos se fortalece con un discurso totalmente confrontativo para con los medios de comunicación, sus propietarios y los periodistas. De hecho, desde el inicio de la gestión de estos gobiernos se declaró “guerra abierta” a este sector porque se consideraba que la información es manipulada, defiende intereses de los grupos de poder económico. Del otro lado, los propietarios de medios de comunicación privados y sus periodistas insisten que los planteamientos del gobierno representan un atentado a la Libertad de Expresión consagrada en la Carta de los Derechos Universales.
Hugo Chávez, Nicolas Maduro, Nestor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, Lula da Silva y Rafael Correa han legitimado un discurso similar de oposición y confrontación a los medios de comunicación privados. Y al mismo tiempo se han permitido, amparados en la normativa, el fortalecimiento de los medios públicos-gubernamentales y el nacimiento de los medios comunitarios. La estrategia mediática del gobierno resulta efectiva para poner en marcha esa tipificación-segregación de los medios de comunicación.
El constante posicionamiento de un actor antagónico-opositor claramente identificado como la prensa privada, sus propietarios y periodistas ha permitido que los ciudadanos demanden calidad en los contenidos que éstos les entregan, demanda que además se fortalece por la regulación a la que se encuentran sometidos por las normativas latinoamericanas.
La polarización mediática se ha trasladado a otro escenario, el escenario de la arena política. La polarización ahora es político e ideológica. La opinión pública se rige en función de la verdad y de la mentira, características orquestadas desde el discurso de los líderes latinoamericanos que apelan al socialismo del siglo XXI. En conclusión, los medios se han transformado, eminentemente en actores políticos y su poder de incidencia es bastante alto.
