AUTOBIOGRAFÍA

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Quito, Pichincha, Ecuador
Asesor Comunicación Política. Comunicador Social y periodista. Consultor independiente en Relaciones Públicas, Marketing y Comunicación Política. Analista y asesor político en entidades gubernamentales. Docente e investigador universitario. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Ciencia Política por FLACSO Ecuador. Doctor (c) Universidad de Salamanca, área de Ciencia Política y de la Administración. Líneas de investigación: Política y medios de comunicación. Análisis de redes sociales, comunicación política, Políticas Públicas de Comunicación. Cultura política. Identidades y discurso.

17 mayo 2016

La reelección de Rafael Correa, ¿un mecanismo que lo lleva a su final?

Han pasado nueve años de Rafael Correa y el Movimiento Alianza PAIS en el poder, y Ecuador, al igual que Venezuela y Bolivia, se ha convertido en uno de los países donde el discurso del “progresismo” latinoamericano y la reiterativa apelación a la construcción de una “nueva política” con base en el denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

El 24 de mayo del 2014, en el informe anual de labores, el presidente Correa solicitó a la Asamblea Nacional, cuya mayoría es afín al oficialismo, establecer como una de las prioridades el debate de la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular, esto básicamente porque permitía que su postulación se haga efectiva en los comicios de 2017.

Tras la demanda del Ejecutivo, la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, apenas un mes después, solicitó a la Corte Constitucional se apruebe el Proyecto de Enmienda Constitucional, ya que previamente se habían acogido al inciso dos del artículo 441 de la Constitución, donde se señala dar el visto bueno a este mecanismo tras la aprobación y por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

Los sectores contrarios a esta decisión de la Asamblea oficialista rechazaban este argumento al considerarlo anticonstitucional. Al respecto, Rivadeneira aseguraba que las 16 reformas a la Carta Magna “no alteraban la estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado…”, y que la vía Referéndum, argumento de la mayoría de sectores opositores, no eran necesarios en este tipo de casos.

La presión por parte de la oposición fue intensa durante todo el 2015. El pedido fundamental era que se archiven estas reformas solicitadas por el sector oficialista, bajo el argumento de considerarlo inconstitucional, apelaban básicamente a que se realice esta consulta a los ciudadanos por la vía del “referéndum”, como una alternativa mucho más democrática.

Pero más allá de los “dimes y diretes” entre oficialistas y opositores, el punto medular de este complejo debate era la posibilidad de participación de Rafael Correa como candidato en las elecciones del 2017. Un tema que a la oposición parece ser que le preocupaba mucho más que las otras reformas a la Constitución que también afectaban directamente en el ejercicio del poder, no solo para Correa sino para cualquier otro partido político que llegue al poder en el 2017.

Una serie de debates se suscitaron alrededor de este tema de la reelección indefinida. Ni la presión del Movimiento Alianza PAIS pudo con la decisión que tomó Correa. Sin embargo, una de las mejores salidas que tomó el bloque oficialista fue proponer un paquete de medidas transitorias que fueron incluidas en el segundo y definitivo debate. Esa disposición transitoria fue acogida y supone que la enmienda referente a la postulación para la reelección, entrará en vigor desde el 24 de mayo de 2017; es decir, después de los comicios y cuando el nuevo gobernante tome juramento del cargo.

Cabe destacar que entre las otras reformas más importantes están: Política laboral (Arts. 229, 326 y Disposición Transitoria) Los nuevos obreros estarán bajo la Ley Orgánica de Servicio Público. Comunicación (Art. 384), la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Edad de candidatos (Art. 142), el Presidente de la República debe haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, entre otros requisitos. Misión de las FF.AA. (Art. 158), las FF.AA. tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado.

La Revolución Ciudadana ¿goza de buena salud?

En este punto, quizá las enmiendas son solo un complemento a toda la coyuntura política del movimiento que se viene. La tarea más prioritaria que tiene Alianza PAIS es buscar un candidato, más que un candidato, un reemplazo adecuado que cuente con las características, no solo políticas sino carismáticas que hizo de Correa el líder.

Por lo pronto, uno de los anuncios de MPAIS es que elegirá a su candidato presidencial en una convención nacional, nombres hay muchos, entre ellos suena con fuerza el ex vicepresidente Lenin Moreno, quien ahora se encuentra en calidad de enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad en Ginebra.

De otro lado y con una orientación mucho más marcada a los sectores económicos de la región Costa, la presencia de Jorge Glass, el actual vicepresidente sería la otra opción; sin embargo, tal como sucedió tras su designación como el reemplazo de Moreno en el 2013, las desvinculaciones y desacuerdos al interior de MPAIS puede ser una limitante. En esa época, muchos militantes renunciaron frente a ese anuncio.

Gabriela Rivadeneira, la actual presidenta de la Asamblea Nacional es una posibilidad mucho más remota, de hecho será la mejor opción que pondrá sobre la mesa una cierta facción de la región Sierra en la Asamblea General, quizá se justifica su presencia en esa designación interna una de las enmiendas constitucionales que hace referencia a la reducción de la edad para ser candidato/a a la Presidencia de la República. Rivadeneira apenas cumplirá 33 años de edad en el 2017. El Art. 142, establece el candidato debe haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, entre otros requisitos.

Podrían incluirse otros nombres en la Asamblea, entre ellos suenan el actual Ministro del Interior, José Serrano Salgado; la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguinaga; incluso algún momento se rumoraba la presencia de Ricardo Patiño, Ministro de Defensa. Queda por esperar la lista definitiva de posibles candidatos que tendrán la responsabilidad de reemplazar a Rafael Correa.
El movimiento viene realizando las denominadas “conferencias ideológicas”, que desde enero del 2016 han entrado en marcha en todas las provincias del país. El objetivo es que la militancia defina las características del candidato. Además, este trabajo permitirá presentar un “programa de gobierno” para que cualquiera que sea el candidato tenga un argumento sólido sobre qué apoyarse y defender, así lo señala el portal web del movimiento.

Es muy claro que el trabajo de construcción de cuadros y liderazgos no puede darse en el mediano o corto plazo, y lamentablemente, la cultura política ecuatoriana carece de esa costumbre. Durante los nueve años de gobierno no se ha logrado fortalecer ese aspecto, más bien han sido muy visibles las crisis internas y las facciones que pugnan por el control del poder político desde lo local.
Las afirmaciones electorales del MPAIS y del Presidente Correa al mando del Ejecutivo tienen sustento en la percepción de la ciudadanía, no obstante se debe observar que relación guardan los resultados electorales y la aceptación del Gobierno del Movimiento y la confianza en el Ejecutivo encabezado por Correa.

Los niveles de evaluación del gobierno del MPAIS, han manifestado niveles aceptables a lo largo de su mandato. Los niveles de evaluación se concentran en mayor porcentaje en buenos y ni buenos ni malos. Cabe destacar que el porcentaje de ciudadanos que percibe como bueno la gestión del gobierno ha venido a la baja en estos últimos dos años, al igual que el porcentaje que percibe la gestión entre ni buena ni mala y mala que ha venido a la alza. Estos cambios guardan cierta relación con los resultados observados en el apartado anterior.

Gráfico: Evaluación del Gobierno (2004-2014) (%)


Fuente: elaboración propia con datos de LAPOP (2004-2014)[1]
*Hablando en general del actual gobierno, diría UD. que el trabajo que está realizando es: muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo, muy malo.
AÑO
2006
2008
2010
2012
2014
N
2.871
2.964
2.979
1.492
1.454

En donde se observa que cuando la gestión del gobierno del MPAIS fue percibido con niveles altos en la evaluación hecha por los ciudadanos, mayor fue su porcentaje de votación (2009), no es así en éstas últimas elecciones (2013), que viene arrastrando una no muy halagüeña evaluación, en relación a los años anteriores.
Gráfico: Confianza en el Presidente (2004-2014) (%)


Fuente: elaboración propia con datos de LAPOP (2004-2014)
*¿Cuanta confianza tiene en el Presidente de la República (1 nada-7 mucho)?
AÑO
2006
2008
2010
2012
2014
N
2.871
2.965
2.973
1.488
1.489


Ahora bien, si se relaciona la evaluación del desempeño del gobierno con la confianza que la sociedad manifiesta hacia el Presidente de la República durante la década de gobierno del MPAIS, se observan ciertas similitudes. Como se muestra en el gráfico de confianza en el Presidente, los ciudadanos que confían mucho en él ha ido en aumento desde su llegada al Ejecutivo y posterior a las elecciones de 2009.

No obstante, los niveles intermedios de confianza (4-6) han mantenido cierta regularidad. Los datos anteriores muestran que aunque la evaluación del desempeño de gobierno se mantenga estables, el Presidente Correa ha sabido elevar su nivel de confianza en la ciudadanía.

La información que arrojan estos datos es que la política de Ecuador se concentra en la “imagen” del Presidente, por lo que la estabilidad política depende del margen de maniobra y la aceptación de Correo como líder político ante la sociedad ecuatoriana. En este sentido, los resultados electorales van en función de dicha imagen encarnada por el Presidente, su liderazgo y carisma.

Y la oposición, ¿cuál su mejor candidato?

Uno de los principales candidatos que ha señalado su participación es Guillermo Lasso, por el movimiento CREO. Lasso ha sido etiquetado como el banquero causante de la crisis económica en la década de los 90. Asimismo, fue el segundo mejor ubicado en las elecciones del 2013, obtuvo más de un 23% de votos después de Correa. Este candidato ha venido realizando una campaña permanente durante muchos años, incluso encabezó las demandas de anticonstitucionalidad a las enmiendas solicitadas por el movimiento oficialista.

Otro frente es el que Jaime Durán Barba, ex secretario de la Administración Pública en el gobierno de Jamil Mahuad y además asesor de Mauricio Macri, actual presidente de la República Argentina, ha anunciado una posibilidad de consolidar un proyecto político de oposición al Movimiento Alianza PAIS en el que se incluirían Jaime Nebot (Alcalde de Guayaquil), Mauricio Rodas (Alcalde de Quito) y Paúl Carrasco (Prefecto del Azuay).

Faltaría por definir la presencia de Lucio Gutiérrez, ex presidente por Sociedad Patriótica. Álvaro Noboa, el empresario y líder del PRIAN quien no ha dejado de participar en las últimas presidenciales desde 1998. La posibilidad de una “alianza de la izquierda” en la que podrían incluirse Pachakutik, y el Movimiento Popular Democrático.

El contexto internacional ¿también influye?

Latinoamérica atraviesa por una crisis política latente, los gobiernos autodenominados como “progresistas” están perdiendo su encanto, aunque en la práctica siguen siendo elegidos popularmente y cuentan con el apoyo ciudadano. No se explica cómo está presente el discurso de un posible desgaste político, de un cambio de ciclos, de un fin de las izquierdas y retorno de la derecha, de una crisis ideológica y hasta crisis económica producto de la caída de precios de exportación del petróleo o de recursos naturales.

En el orden de lo político, el tema de la reelección ya fue utilizado en el 2009 por Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, cuando solicitó vía referéndum y obtuvo un resultado favorable con un 54,86% de los votos. No así el caso de Evo Morales, quien no logró un resultado favorable en el pasado Referéndum del 21F, donde consultó a los ciudadanos la posibilidad de reelección para el 2018.

Los enemigos latinoamericanos son comunes, o por lo menos para estos países de corte “progresista” son claramente similares. A la prensa mercantilista se suma un ataque, aunque no visible desde los EEUU. Sin duda esos actores “antagónicos” de estos gobiernos es la prensa, al considerarlos como instituciones financiadas con recursos de las grandes potencias mundiales que quieren someter a la región.

Los partidos de derecha y de oposición son la otra vía de escape que, a criterio de los mandatarios del socialismo del siglo XXI, canalizan una posición deslegitimadora de las acciones gubernamentales con denuncias de casos de corrupción, tal es el caso de un supuesto tráfico de influencias por parte de las autoridades en Bolivia.

En este marco, Ecuador podrá contar con otros nombres como candidatos a la Presidencia en el 2017, pero el panorama electoral se avizora como un escenario altamente conflictivo e indiscutiblemente polarizado. Las características del nuevo líder vengan cargado de una propuesta similar o distinta a la actual, pero que más allá de la propuesta, logre encantar a los ciudadanos.



[1] The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), www.LapopSurveys.org. "We thank the Latin American Public Opinion Project (LAPOP) and its major supporters (the United States Agency for International Development, the Inter-American Development Bank, and Vanderbilt University) for making the data available.

06 mayo 2016

¿Por un pluralismo mediático en España?

A puertas de un nuevo proceso electoral y a pocos meses que se cierre la legislatura, uno de los temas que Podemos ha querido poner sobre la mesa es la “relación incestuosa” entre los dueños de los medios de comunicación, los partidos políticos y el poder empresarial. Una relación que va más allá de la concentración del poder político, sino que pasa por la concentración del poder mediático y obviamente de la información que se difunde a través de esos canales.

En el contexto histórico, América Latina, durante las últimas décadas, ha sido la región que cuenta con nuevas normativas que sancionan y prohíben la concentración mediática mediante el diseño y construcción de políticas de comunicación. Normas que resultan novedosas en escenarios políticos de cambio y progresismo, donde va por delante el precepto de democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico español.

La realidad actual latinoamericana que está sirviendo de ejemplo para el resto de países del mundo muestra que estas normativas, similares en contenido y forma, rompieron la histórica herencia de la fuerte concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación. Las nuevas reglas de juego en el campo mediático re-estructuró los sistemas de medios, cuyo origen radicaba en el fin comercial, de mercado y como un actor eminentemente político.

Las normativas apelan a confrontar al “cuarto poder”, a los dueños de los medios privados, al monopolio empresarial de la comunicación, pero además, demandan la recuperación de la “libertad de expresión”, como la única vía que garantiza los derechos de aquellos que no han tenido acceso a los medios de comunicación.

Los argumentos normativos se fortalece con un discurso totalmente confrontativo para con los medios de comunicación, sus propietarios y los periodistas. De hecho, desde el inicio de la gestión de estos gobiernos se declaró “guerra abierta” a este sector porque se consideraba que la información es manipulada, defiende intereses de los grupos de poder económico. Del otro lado, los propietarios de medios de comunicación privados y sus periodistas insisten que los planteamientos del gobierno representan un atentado a la Libertad de Expresión consagrada en la Carta de los Derechos Universales.

El escenario político en el que se encuentra el periodismo mundial es crítico, la crisis que atraviesa la profesión es cada vez más latente. No solo por los aspectos de la profesionalización, sino también por la falta de independencia en la que el ejercicio del periodismo. Las responsabilidades y compromisos asumidos por los profesionales están marcados, en el caso de los medios privados, por un modelo empresarial y económico. Y del otro lado, aquellos periodistas que responden a las instituciones gubernamentales, confundiendo el verdadero rol de los medios públicos.

Cabe recordar el papel que jugó la UNESCO, hace poco más de tres décadas, tras provocar como una necesidad, el incluir dentro de las agendas de los gobiernos a la comunicación como uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades. La incorporación del concepto del “tercer sector de la comunicación”, al que apela la propuesta de Podemos, que solo queda en iniciativa tras la disolución de las cortes, resulta ser, tal como lo señalan: el “agente social” cuyo rol de cobertura y ampliación de la diversidad cultural en el ámbito comunicacional. El objetivo es ir más allá de mirar a los consumidores de mass media como audiencias, y a la vez fortalecer iniciativas de reflexión crítica de los contenidos.

Frente a ese tercer sector, visibilizado en los medios alternativos y comunitarios, excluido y marginado en el territorio español demanda de las autoridades acrecentar las posibilidades de empoderamiento de los ciudadanos del sector comunicacional comunitario como un importante componente para la democracia. El rol de estos nuevos sin duda se ejerce en el sentido de convertirse en orientadores y gestores de una opinión pública crítica y a la vez reflexiva.

Entre muchos de los objetivos planteados para el efecto están la defensa de la “libertad de expresión”, la “democratización de los medios de comunicación” y los contenidos que se difunden a través de los medios. Para lograrlo el programa de fomento del tercer sector de la comunicación se apuntala como uno de los ejes centrales de la próxima legislatura.

Un punto clave en la propuesta es la necesidad de transparentar la adjudicación de frecuencias de radio y televisión dejando de lado intereses partidistas, fundamentales en el ejercicio democrático y que eliminan sesgos mediáticos. Por ejemplo, en Ecuador se inició un proceso de restitución de las frecuencias que junto a la Ley antimonopolio mediático cercó la posibilidad, históricamente recurrente, que los banqueros dueños de grandes empresas sean propietarios de más de un medio de comunicación y además sean los principales aportantes de los partidos políticos tradicionales, lo que establecía un vínculo muy cercano entre el poder político y el poder mediático.

Uno de los problemas respecto del “tercer sector” en el ejemplo latinoamericano viene de la mano del poder de decisión de las autoridades, que en lugar de dar mucho mayor peso al sector comunitario y alternativo se han focalizado las garantías al sector público. Si bien la norma garantiza el acceso de los medios comunitarios al espectro radioeléctrico mediante la repartición equitativa de las frecuencias (33% para los medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios) queda pendiente mostrar con más claridad la conformación y estructura de estos medios, pero sobre todo dar respuestas claras respecto de sus fuentes de financiamiento.


Resulta importante que al igual que la “ola progresista latinoamericana”, en España también resuene un discurso de confrontación a los medios de comunicación privados y sus intereses particulares. El ejercicio y a la vez la estrategia es no perder de vista que quien tiene el control de los medios tiene el control de la opinión pública y en fútbol como en política todo juega.