Desde el retorno a la democracia,
en 1979, el Ecuador adoptó un sistema de gobierno presidencial y una estructura
estatal unitaria. Pese a vivir el período de democracia ininterrumpido más
largo de su historia, los ecuatorianos han sido testigos de una serie de hechos
políticos y sociales que han marcado el desarrollo de su democracia durante los
últimos treinta años, cuando se dio el cierre del ciclo de dictaduras militares
de la década de los 70.
“En 1976, las élites políticas
ecuatorianas estaban convencidas de que las respuestas a los males del país y
el éxito de la transición democrática estaba en los partidos: había que diseñar
e implementar un sistema de partidos[1]
fuerte con organizaciones nacionales y modernas como requisito para el
funcionamiento de la democracia” (Alcántara y Freindenberg, 2003: 235).
Durante la década de los 70 ya se
trabajaba en un plan de reestructura del Estado, el gobierno de régimen militar
(1972-1979) y su principal Consejo de Gobierno diseñaba un Plan de
Reestructuración Jurídica del Estado, una herramienta que permitiría generar
mecanismos adecuados durante el proceso de transición desde el sistema
autoritario al democrático.
En 1976 se conformaron las
Comisiones Jurídicas, como parte fundamental del Plan de Reestructuración y
contemplaba los siguientes pasos: “a) el mantenimiento de un clima de concordia
nacional y un diálogo político con los partidos y organizaciones de diverso
tipo; b) renovación de las cédulas de ciudadanía y confección de padrones
electorales; c) formación de tres comisiones jurídicas encargadas de reformar
la Constitución de 1945 y elaborar una Ley de Partidos y Elecciones y una
propuesta de nueva Constitución; y, d) formación de un Tribunal Supremo
Electoral que organice un referéndum” (Sánchez, 2008: 28).
Dentro del “Plan de
Reestructuración”, se incluían algunos puntos referentes al diseño
institucional que debía regir desde el retorno a la democracia y que definirían
el papel de los partidos políticos desde 1979, ya que se los consideraba como
elementos centrales en el ordenamiento político con el retorno al régimen
constitucional.
“No se pensaba en cualquier tipo de partido
sino que desde la misma ley se les exigía una serie de requisitos para darles
el membrete de estructuras organizadas, ideológicas, fuertes y estables”
(Alcántara y Freindenberg, 2003).
El objetivo de este diseño
institucional se enmarcaba en reducir la presencia de líderes populistas y
también a las maquinarias electorales que habían predominado hasta esa fecha; se
buscaba conciliar a la política nacional a una etapa de trasformación a un
régimen democrático, partidos políticos que satisfagan las demandas y
aspiraciones de la sociedad. Lo que se buscaba era crear una nueva
institucionalidad centrada en los partidos como modo para garantizar una
democracia estable, se convertirían en el eslabón legítimo entre la sociedad y
la política (Freidenberg y Alcántara, 2001: 22).
La Ley de Partidos Políticos y la
Ley de Elecciones fueron cuestionadas porque fueron diseñadas por una Comisión
y su puesta en marcha fue por un Decreto Supremo de la dictadura militar. Sin
embargo, se destacaban en estos documentos: la representación de minorías, el
sistema de divisores y residuos para la asignación de cargos, la creación del
Tribunal Supremo Electoral, como ente organizador y a la vez regulador de los
procesos electorales; además, para el cumplimiento de las elecciones se
solicitó la elaboración de un padrón por el Registro Civil, lo cual garantizaba
la obligatoriedad del voto.
Sin lugar a dudas, “la evolución de
las reglas electorales y el sistema electoral da cuenta de los cambios
permanentes en los que los políticos ecuatorianos han tenido que diseñar sus
estrategias electorales, legislativas y organizativas. No ha habido un solo
conjunto de reglas sino que éstas han variado en el tiempo de múltiples
maneras” (Alcántara y Freindenberg, 2003: 240).
Desde el retorno de la democracia,
el Ecuador cuenta con un sistema de partidos fragmentado, lo cual no permitía
lograr una mayoría dentro del poder Legislativo y a su vez generaba esa
necesidad de establecer alianzas para tener un Ejecutivo con un gobierno
sólido.
Estas alianzas se convertían en el
paso obligado de maniqueísmos entre los partidos tradicionales, quienes a
cambio del respaldo de otras bancadas entregaban cargos públicos y hasta
recursos económicos, lo cual se convirtió en un vicio recurrente durante muchos
años dentro del Congreso Nacional, poco visible, pero altamente cuestionado.
Andrés Mejía (2004) ha mostrado el
reverso del conflicto, esto es alrededor de las alianzas, demuestra que existe
una práctica constante de negociaciones y acuerdos entre partidos, desde una
lógica que llama muy acertadamente “coaliciones fantasmas” (Burbano, 2005).
Pero un segundo intento para
eliminar ese monopolio se llevo a cabo en la Consulta Popular de 1994, allí se
consagró la posibilidad de que cualquier ciudadano independiente pueda acceder
a la competencia electoral, ya sea, auspiciado por un partido político, como
por un determinado número de ciudadanos de una determinada circunscripción.
El hecho de transformar las reglas
de juego en la política ecuatoriana dio paso al momento de crisis de los
partidos políticos, sobre todo después de eliminar ese monopolio del que
gozaban, lo que permitió el aparecimiento de movimientos ciudadanos, sociales e
indígenas producto de la apertura y desbloqueo del sistema electoral y de partidos.
La presencia de nuevos actores políticos con mayor y gran incidencia en el
desenvolvimiento político (Aguinaga, 2005) fue importante para el
reconocimiento y la inclusión de demandas ciudadanas a gran escala.
Los partidos políticos, a pesar que
continuaban controlando el voto popular, resultan ser incapaces de representar
y canalizar institucionalmente las aspiraciones ciudadanas (Hernández, 2002).
Esto resulta un terreno propicio para que otros movimientos ciudadanos,
organizaciones políticas y no políticas aparezcan en la arena política y
contrarresten la crisis de representación que atravesaba el país a finales de
la década de los 90.
A partir de ese momento, aparece el
Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que es parte de la competencia
política. La participación de los indígenas es más fuerte, porque no solo lo
hacen a través de sus organizaciones clasistas, sino también por intermedio de
su partido político, por el que lograron electoralmente el control de una serie
de gobiernos seccionales que se constituyeron en ejemplo de administración
local. También varios dirigentes alcanzaron la diputación (Paz y Miño, 2006:
96).
Los resultados electorales no
favorecen a los partidos tradicionales a partir de la caída de Mahuad. La presencia
de los militares insurgentes que provocaron su caída, dota a los movimientos
independientes de un protagonismo excepcional, todo aquel actor que se ubique
en una situación de contradicción a la política tradicional con un corte
antipolítico y reivindicativo de las demandas ciudadanas puede tener éxito en
la competencia política. La participación de Lucio Gutiérrez con su Partido
Sociedad Patriótica (PSP) y a la par el aparecimiento de Álvaro Noboa, con su
Partido de Renovación Institucional y Acción Nacional (PRIAN) es un ejemplo del
aquello; a pesar que al interior de sus estructuras es normal el reciclaje
político; es decir, la adhesión de políticos que pertenecían a los partidos tradicionales.
Esta realidad revela la crisis de
hegemonía, debido a la escasa y hasta ausente política de generación de
proyectos nacionales, que se complementa con la carencia de partidos políticos
que sean capaces de construir “intereses generales” (Hernández, 2002), que
escapen a la voluntad de ciertos sectores de poder.
No cabe duda que el debilitamiento
de los partidos y la crisis a la que se ven sometidos incluso la
institucionalidad política, dieron paso a la creación de políticos denominados
como “outsiders” o a nuevas organizaciones políticas que, en el escenario
político tradicional no tenían cabida alguna.
El surgimiento de un “outsider”
-esto es, actores neopopulistas y antipolíticos- ha sido el resultado dramático
de la crisis de representación democrática y particularmente el derrumbe de los
partidos; la crisis del sistema de partidos fue una derivación de del fracaso
de los partidos predominantes en su papel de gobernantes; es decir, la
creciente incapacidad de los partidos para reflejar y explicitar preferencias
electorales, que se hizo evidente en la profunda desconfianza de los ciudadanos
y la marcada caída del apoyo electoral (Mayorga, 2008: 210).
La interpelación a la
élite política tradicional que hace el outsider y esa auto-representación como
parte de la gente y fuera de los partidos políticos es la que genera
desconfianza por parte de la ciudadanía hacía los partidos
políticos y a las instituciones; prima por sobre todo la demanda de políticas
horizontales basadas en nuevos actores sociales (Panizza, 2008: 80).
El discurso neopopulista es
fundamentalmente antipolítico por el hecho de cuestionar a los partidos
políticos establecidos como instituciones corruptas y culpar a la clase
política y la elites económicas de los problemas padecidos por el país, así, el
discurso de los outsiders expresa esencialmente no sólo un rechazo radical de
los sistemas de partidos existentes como tales, sino también la idea de que
esos partidos son organizaciones inútiles y perniciosas. (Mayorga, 2008:
214).
El colapso del sistema de partidos
en el Ecuador se da con la presencia de Rafael Correa en el poder,
específicamente cuando es parte de la destitución de 57 legisladores que se
oponían a la realización de una Consulta Popular que de paso a una Asamblea
Nacional Constituyente de plenos poderes, cuya facultad era elaborar una nueva
Constitución y que reemplace a la 1998[2].
Esta decisión desquebraja por
completo las estructuras políticas tradicionales porque aquellos actores que
están en contra de los líderes improvisados son dueños de un discurso de
desconfianza. Su credibilidad es nula frente a la presencia de un outsider que
representa un proceso de ruptura con el orden político.
En esa misma línea de confrontación
a los partidos políticos, Correa resulta ser el mayor crítico a la partidocracia; de hecho, su triunfo se explica en
gran medida por su discurso radical en contra del viejo orden político; el uso
del término partidocracia está directamente
relacionado al enfrentamiento frontal con las elites políticas y a la propuesta
de eliminación del orden político vigente desde el retorno a la democracia (Pachano, 2008).
[1]
Entiendo por sistema de partidos a “la composición estructural de la totalidad
de los partidos políticos de un Estado; entre sus componentes están: a) el
número de partidos; b) su tamaño; c) la distancia ideológica entre ellos; d)
sus pautas de interacción; e) su relación con la sociedad o con grupos
sociales; y, f) su actitud frente al sistema político” (Pease, 1999: 29).
Además Lislie Lipson afirmo que en un Estado democrático (ellos constituyen) el
punto de intersección donde convergen todas las fuerzas políticas; todo lo que
es de importancia política encuentra su lugar dentro de los partidos políticos
y en las relaciones entre ellos (Pease, 1999).
[2] Con cuatro votos a favor, el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
resolvió destituir a 57 diputados del Congreso Nacional, por haber tramitado un
juicio político en su contra, ante la polémica por la convocatoria a Consulta
Popular. Se dio la orden para no permitir el ingreso de los congresistas al ex
edificio del Banco Central, donde funciona el Parlamento. La resolución del
pleno de TSE determina además que los diputados fueran sancionados con la
pérdida de sus derechos políticos por el periodo de un año y que sus suplentes
deben asumir inmediatamente los cargos.
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